La nulidad relativa

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La cuestión de si debe existir una relación entre la enfermedad omitida por el asegurado y el siniestro es lo más debatido de esta sentencia.

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En principio, si esta cuestión se enmarca dentro de la nulidad relativa, como lo hace el artículo 1058 C.Co., específicamente como un régimen especial de los vicios de la voluntad, es de recordar que las nulidades se analizan al momento de la celebración del contrato, no posteriormente. Este artículo señala que es deber del asegurado informar verazmente sobre su estado del riesgo para que la aseguradora pueda evaluar correctamente su asegurabilidad y las condiciones de su póliza al momento de celebrarse el contrato. Así que es indiferente si, siendo el asegurado hipertenso, posteriormente murió o no por causas relacionadas a ese padecimiento, porque el surgimiento de la voluntad libre y espontánea de la aseguradora se da al inicio, en la celebración, y es ahí donde se vigila el surgimiento adecuado de su voluntad. La aseguradora tiene derecho a conocer todos los padecimientos, ex ante, para decidirse a contratar o no.

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Simplemente, tiene que tenerse en cuenta que en este momento lo importante es el riesgo, no el siniestro. En la celebración del contrato la aseguradora está evaluando la magnitud del riesgo para saber en qué grupo de asegurados va a ubicar al nuevo cliente, y qué condiciones le dará. Si la aseguradora comete errores al respecto, espontáneos o provocados, no solamente se afecta ella, está afectando la mutualidad de asegurados ya que en el grupo ingresará un asegurado más riesgoso y no habrá nivelación de riesgos entre el grupo, así que se le estará quitando dinero a asegurados sanos en favor de un asegurado más riesgoso. Por supuesto, este argumento no aparece en los estrados por parte de las aseguradoras porque no están dispuestas a admitir que son meras gestoras de capitales ajenos y que, en realidad, el dinero es de los asegurados, no de ellas. 

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Sin embargo, por el otro lado, en esta tendencia se puede notar un acento tuitivo o protector a favor del consumidor de seguro, por lo tanto, tampoco tiene nada de raro que por la vía jurisprudencial, la principal fuente de Derecho a esta altura, aparezcan protecciones a favor del consumidor, y se diga que si la mentira o reticencia del asegurado no se concreta en el caso, porque no informó que era hipertenso pero murió en un accidente de tránsito, entonces no hay nulidad del contrato.

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Jurisprudencia de tutela

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Otra cuestión importante que se discutió en el caso es la obligatoriedad de las sentencias de tutela​ para la Corte Suprema de Justicia.

 

Esta discusión se da, en primer lugar, porque Colombia adoptó una estructura institucional para la rama Judicial realmente lamentable. En algunos países existe una única alta corte, la cual no entra en contradicción por ser un organismo único. En otros países las altas cortes están fragmentadas en diversas instituciones, lo que genera conflicto entre ellas. Colombia hace parte del segundo grupo, y por eso es factible que se presenten esos conflictos. 

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Sin embargo, no debiera haber tal conflicto, al menos no con la Corte Constitucional, porque el artículo 4 de la Constitución señala que la Constitución Política de Colombia es la norma de normas, lo que debiera transferirle, necesariamente, ese estatus a la Corte que es su guardiana, por ejemplo, una relativamente reciente reforma a la Constitución le otorgó a la Corte Constitucional la competencia para solucionar conflictos de competencia entre jurisdicciones, lo cual es absolutamente coherente con su naturaleza. No obstante, esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia evidencia que ese no es el sentimiento entre las cortes, lo cual se ve plasmado en la queja de los magistrados disidentes. Las altas cortes constantemente están reclamando autonomía y preminencia respecto de las otras, como en este caso, que los magistrados no se sienten ligados por las interpretaciones que sobre derechos fundamentales, la Corte Constitucional ha emitido.

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Ahora bien, otra pregunta que debe formularse es acerca de lo vinculantes que resultan las sentencias de tutela. En principio, las sentencias de tutela solo tienen valor vinculante para las partes en conflicto, no tendrían valor vinculante para terceros salvo cuando hay sentencias de unificación. Sin embargo, no puede olvidarse que una alta corte tiene por función esencial la unificación del ordenamiento.

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De esta manera, no tendría por qué intervenir la Corte Constitucional en los fallos de tutela de los jueces ordinarios, pues todos los jueces de la República son jueces constitucionales con competencia para ello, solo interviene porque es menester aclarar contenidos o hacer prevalecer interpretaciones unificadas desde la Corte Constitucional. Por tanto, no puede soslayarse el valor y la función que tiene la selección de casos de tutela por la Corte, tiene la función de servir de orientadora de la interpretación constitucional seleccionando casos que permiten hacerlo. De hecho, como he venido sosteniendo desde 2016 en Youtube, si no es que antes, la casación debería tener el mismo sistema. No debería llegar a la Corte Suprema de Justicia solo casos con una cuantía superior a 1000 SMLMV, lo que hace de este recurso algo odioso y elitista, sino que deberían llegar casos con los cuales la Corte Suprema de Justicia pudiera unificar criterios e interpretaciones en la jurisdicción ordinaria. Hoy la Corte Suprema de Justicia solo tiene la facultad de selección adversa, es decir, de seleccionar casos para desecharlos, no para acoger casos. Cuántas normas con criterios bien discutibles nunca llegan a la Corte Suprema de Justicia porque no tienen cuantía suficiente o porque no es procedente el recurso.

 

De esta forma, no puede la Corte Suprema de Justicia soslayar la función que tiene el procedimiento de selección de casos que existe en la tutela por parte de la Corte Constitucional. Mírese, por ejemplo, qué requisitos tiene esta selección:

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Acuerdo 02 de 2015, Corte Constitucional. Artículo 52: Criterios Orientadores de Selección. Sin perjuicio del carácter discrecional de la selección de fallos de tutelas y ante la inexistencia constitucional de un derecho subjetivo a que un determinado caso sea seleccionado, la Corte se guiará por los siguientes criterios orientadores:

 

a. Criterios objetivos: unificación de jurisprudencia, asunto novedoso, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial, exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. 

b. Criterios subjetivos: urgencia de proteger un derecho fundamental o la necesidad de materializar un enfoque diferencial.

c. Criterios complementarios: lucha contra la corrupción, examen de pronunciamientos de instancias internacionales judiciales o cuasi judiciales, tutela contra providencias judiciales en los términos de la jurisprudencia constitucional; preservación del interés general y grave afectación del patrimonio público.

 

Estos criterios de selección, en todo caso, deben entenderse como meramente enunciativos y no taxativos.

 

Parágrafo. En todos los casos, al aplicar los criterios de selección, deberá tenerse en cuenta la relevancia constitucional del asunto, particularmente tratándose de casos de contenido económico.

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Nótese que el primer criterio que menciona el acuerdo, como corresponde a las funciones de una alta Corte, es unificar la jurisprudencia.

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De esta manera, llega a ser hasta testarudo seguir reivindicando un feudo que no le pertenece a la Corte Suprema de Justicia. La interpretación, unificación y defensa de los derechos fundamentales a través de la tutela le pertenece a la Corte Constitucional, lo cual empieza con la selección del caso particular, que se selecciona no solo por el caso, sino por su relevancia para establecer criterios unificados en todos los casos. 

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Decisión de la Corte Suprema de Justicia

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La Corte Suprema de Justicia resolvió NO CASAR la sentencia del Tribunal Superior y, en consecuencia, dejó en firme la condena impuesta contra BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. al pago de las sumas aseguradas por las pólizas de vida y de accidentes personales.

La decisión de la Sala de Casación Civil se estructuró a partir del análisis de tres cargos propuestos por la aseguradora, abordando debates sustanciales sobre la figura de la reticencia y la valoración de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, los cuales se detallan a continuación:

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La redefinición de la reticencia y la "ubérrima bona fides" (Cargo Primero)

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La aseguradora pretendía eximirse del pago alegando la nulidad relativa del contrato, argumentando que el asegurado había incurrido en reticencia al no declarar enfermedades previas como gastritis, hernia hiatal y artritis erosiva en su formulario de ingreso.

Frente a esto, la Corte determinó que el principio de ubérrima bona fides (máxima buena fe) no recae de forma exclusiva sobre el tomador, sino que es "bifronte" y cobija a ambas partes. Esto significa que la aseguradora no puede asumir una conducta totalmente pasiva; dada su posición dominante y profesional, tiene una obligación de indagación y la potestad de adelantar "pesquisas" o exigir exámenes médicos para evaluar el riesgo real antes de contratar.

La exigencia ineludible del Nexo de Causalidad y la Mala Fe

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Este es el núcleo del fallo y que más generó polémica dentro de la Corporación, por el cual fracasó la defensa de la compañía. Para resolver la disputa, la Sala de Casación Civil integró lineamientos de la Corte Constitucional (aplicables específicamente a seguros de vida deudores) y concluyó que, frente a la omisión de preexistencias, a la aseguradora le asiste una "doble carga probatoria" obligatoria:

El Nexo de Causalidad (Elemento objetivo): No basta con comprobar que el asegurado omitió una enfermedad en el cuestionario. La compañía debe probar que existe una relación inescindible, consecuencial y de causa a efecto entre la preexistencia ocultada y la condición médica que dio origen al siniestro. La Corte subrayó que se debe demostrar el nexo de causalidad o el efecto trascendente entre la declaración de voluntad reticente y el siniestro. En este caso concreto, la aseguradora no pudo probar ninguna relación causal entre las patologías digestivas o articulares ocultadas (hernia, gastritis) y el siniestro amparado (una pérdida de capacidad laboral del 96.59% derivada directamente de graves fracturas de columna sufridas en un accidente de tránsito).

 

La Mala Fe (Elemento subjetivo): Además de la causalidad, la aseguradora está obligada a destruir la presunción de buena fe, demostrando que el tomador omitió la información voluntariamente y con verdadera mala fe para engañar a la empresa al momento de suscribir el contrato. Al no demostrarse que las enfermedades omitidas causaran el infortunio, ni que hubiera existido mala fe, la sanción de nulidad del contrato era improcedente y resultaría vulneratoria de los derechos del asegurado.

La valoración de la invalidez y la regla "Pro Consumatore" (Cargos Segundo y Tercero)

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La aseguradora atacó el dictamen que le otorgó al docente una incapacidad del 75.15%, aduciendo que este sumaba patologías antiguas ajenas al accidente y que se había empleado equivocadamente el régimen especial de calificación del magisterio.

Prevalencia de la inmediación en los exámenes médicos. La Corte respaldó al Tribunal por darle pleno valor probatorio al dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, pues su experticia estuvo revestida de "inmediación" por basarse en el contacto físico y directo con el paciente, superando la evaluación de la aseguradora que solo se limitó a revisar las historias clínicas documentales. Además, las Juntas son peritos calificados y legalmente autorizados para dictaminar estas pérdidas en el ámbito aseguraticio.

 

Interpretación a favor del consumidor. En cuanto a las restricciones de los porcentajes de incapacidad de la póliza (que exigía mínimo un 75%), la Corte aplicó el principio pro consumatore. Dado que el seguro es un contrato de adhesión, cualquier cláusula ambigua o vacío debe interpretarse a favor del usuario. Si la aseguradora quería excluir la aplicación del régimen especial de calificación laboral del magisterio (al cual pertenecía el tomador), debió establecerlo explícitamente en el clausulado de exclusiones. Al no hacerlo, el porcentaje homologado del 75.15% era jurídicamente válido y configuraba de lleno la realización del riesgo amparado.

El profundo debate dogmático (Salvamentos y Aclaraciones de Voto)

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Un aspecto fundamental de esta providencia es que la decisión no fue unánime y provocó una fuerte división conceptual al interior de la Sala Civil, materializada en salvamentos y aclaraciones de voto
 

• Salvamento de Voto - Magistrado Álvaro Fernando García Restrepo

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El magistrado García Restrepo se apartó por completo de la decisión mayoritaria de "no casar" la sentencia, argumentando que sí procedía la declaratoria de nulidad relativa del contrato de seguro por la reticencia del tomador. Sus argumentos centrales fueron:

 

Violación directa de la ley. Consideró que la Sala interpretó erróneamente el artículo 1058 del Código de Comercio al agregarle exigencias que la ley no contempla, tales como obligar a la aseguradora a demostrar la "mala fe" del asegurado y probar un "nexo de causalidad" entre la patología ocultada y el siniestro.

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Uso inadecuado del precedente de tutela. Calificó como inadecuado y absurdo que la sentencia se fundamentara en fallos de tutela de la Corte Constitucional. Explicó que esas decisiones tienen efectos inter partes orientadas a proteger derechos fundamentales en casos específicos, y carecen de la capacidad para reformar la doctrina legal probable de la jurisdicción civil.

Inconsistencia en la Corte Constitucional. Señaló que la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional en esta materia ha sido vacilante y "viene dando tumbos" sin encontrar unidad.

 

Concluyó que, al haberse omitido declarar el verdadero estado de salud al momento de suscribir el contrato, el consentimiento nació viciado, por lo que la Corte debió casar el fallo y negar las pretensiones de la demanda.

 

• Aclaración de Voto - Magistrado Luis Alonso Rico Puerta

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El magistrado Rico Puerta acompañó la decisión final de no casar, pero discrepó profundamente de las motivaciones utilizadas por la mayoría respecto a los efectos de la reticencia. Su aclaración se enfocó en:

Ausencia de una postura unívoca en la Corte Constitucional. Cuestionó que la providencia mayoritaria asumiera que existe una línea jurisprudencial consolidada en la jurisdicción constitucional sobre el seguro de vida grupo deudores.

Oscilación de las subreglas constitucionales. Detalló cómo la Corte Constitucional ha emitido fallos contradictorios; en ocasiones aplicando estrictamente la reticencia a favor de las aseguradoras, y en otras inaplicándola para proteger a los consumidores (bajo el argumento de que la aseguradora debió exigir exámenes médicos previos).

Mantenimiento de la regla tradicional. Recalcó que, dado que las sentencias de tutela mencionadas son decisiones aisladas frente a escenarios fácticos disímiles, no constituyen un precedente sólido. Por ende, reiteró que la nulidad por reticencia opera de forma autónoma, con independencia de si el siniestro final se produjo o no como consecuencia directa de la enfermedad ocultada por el tomador.

 

• Aclaración de Voto - Magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque

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El magistrado Tejeiro Duque también votó a favor de la resolución final, pero aclaró su voto para criticar la forma en que la Sala mayoritaria intentó alterar la doctrina de la Corte Suprema. Sus puntos principales fueron:

Afirmó que la sentencia construyó sus nuevas "subreglas" apelando únicamente a fallos de tutela de la Corte Constitucional, evadiendo confrontar la jurisprudencia de la propia Sala Civil. Calificó esto como una falacia de apelación a la autoridad, pues se ignoró el peso de la doctrina especializada en seguros.

 

Requisitos para cambiar la "Doctrina Probable". Recordó que, según la propia Corte Constitucional (Sentencia C-836 de 2001), para que la Corte Suprema se aparte de su jurisprudencia pacífica y decantada, tiene una carga argumentativa estricta. Debe exponer clara y explícitamente por qué sus decisiones pasadas resultan ahora erróneas frente a un cambio normativo o social.

Desconocimiento del precedente civil. Enumeró múltiples sentencias de la Corte Suprema (de 2007, 2010, 2012 y 2016) en las que ya se había consolidado que para sancionar la reticencia no se exige probar la mala fe del tomador ni un nexo de causalidad con el siniestro.

Inseguridad jurídica. Concluyó que la falta de una motivación explícita y contundente para abandonar ese precedente histórico genera perplejidad y atenta contra la igualdad ante la ley, la buena fe y la seguridad jurídica de los destinatarios (jueces y aseguradoras).