El pago por un tercero o pago por otro (concepto). Texto tomado de una demanda propuesta en esta oficina, pero adaptado a esta explicación

 

​​​​​​​​​​​​​​Entre el Banco y la aseguradora existía una obligación, la cual era que la aseguradora debía cancelar al banco la deuda contraída por el causante en caso de que este falleciera. Sin embargo, como la aseguradora no se allanó a cumplir con su obligación, la demandante, preocupada porque fuese ejecutada o persiguieran el patrimonio de la sucesión, se dispuso a cancelar una deuda que no le correspondía pagar porque es una deuda ajena, sin embargo, como es por todos conocido, ello le da derecho a que le reembolsen ese dinero.  

 

Esto porque en Colombia, sea porque se pague por otro con permiso de ese deudor, o sea porque se pague sin su permiso, o incluso en contra de la voluntad del deudor, quien paga por otro tiene derecho a recobrar ese dinero. De esta manera, sea con permiso o sin permiso del deudor, el que paga por él tiene derechos en contra del original deudor (la aseguradora), lo cual es explicado por HINESTROSA así:

 

“463. EL PAGO POR TERCERO EN EL CÓDIGO CIVIL 

 

El señor BELLO adoptó una posición diferente, y así el código civil muestra varias eventualidades de ejecución de la prestación por un tercero: 

 

464. PAGO CON LA ANUENCIA DEL DEUDOR

 

La primera hipótesis es la del tercero que paga “consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor”, prevista en el ordinal 5.° del art. 1668 c. c. con el efecto de subrogación, ya estudiada a dicho propósito (cfr. supra n.” 300), y de la cual ha de resaltarse nuevamente el requisito de la anuencia —incuestionablemente previa- del deudor. El acreedor queda satisfecho, pese a lo cual la obligación no se extingue, continúa a favor del tercero; y si el pago fue apenas parcial, se mantiene el derecho proporcional del acreedor originario, en concurrencia con el del subrogatario. Dentro de esta variedad de pago por un tercero resulta elemental la consideración ya hecha, de que si varios terceros desean sustituir al deudor en la prestación se prefiera a quien cuenta con el patrocinio de él: si varios terceros aspiran a la subrogación, es obvio que el deudor conserve la posibilidad de elegir al sustituto del acreedor, en cuanto se le presente ocasión para la escogencia. 

 

465. PAGO SIN EL ASENTIMIENTO DEL DEUDOR 

 

La segunda hipótesis es la del tercero que paga sin el consentimiento del deudor, a sus espaldas o contando con su indiferencia. “El que paga sin el conocimiento del deudor”, es la previsión normativa (art. 1631 c. c.), que no ha de tomarse al pie de la letra, pues el supuesto abarca también el caso del deudor que, enterado de la iniciativa del deudor, no toma partido frente a ella. Lo importante es, para contrastar este factum normativo con el de la tercera eventualidad, que el deudor no se oponga a la intervención del tercero. Entonces, la obligación se extingue, y el tercero simplemente tendrá contra el deudor-dominus una acción de reembolso de lo pagado, como corresponde a su negotiorum gestio; no se entenderá, pues, subrogado en los derechos del acreedor y tampoco puede compelerlo a que le ceda su derecho. Es decir, ni subrogación, ni cessio legis, sólo reembolso (art. 1631 C. C.).” HINESTROSA, Fernando. Tratado de las obligaciones I. Concepto, estructura, vicisitudes. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2002. P. 572.

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De esta manera, como puede verse, el caso que nos convoca claramente encaja en lo previsto por el artículo 1631 del Código Civil, por lo que a la demandante le debían reembolsar lo que pagó por otro, otro que es la aseguradora demandada, que era la real deudora de ese dinero desde que se dio el siniestro y se hizo efectiva la póliza por haberse presentado la condición suspensiva propia de los contratos de seguro.

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Decisión de la Corte Suprema de Justicia

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La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió NO CASAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior, manteniendo así en firme la decisión que denegó las pretensiones de la demandante frente a las aseguradoras. Los fundamentos de la Corte para sostener esta decisión se estructuraron en los siguientes ejes jurídicos y probatorios:

La naturaleza del seguro y la inaplicabilidad de la subrogación legal

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La Corte Suprema fue categórica al aclarar que el seguro de vida grupo deudores no es un seguro de crédito, ya que su finalidad no es amparar el cumplimiento o incumplimiento de una obligación dineraria, sino cobijar específicamente el riesgo de la eventual muerte o invalidez de la persona asegurada (el deudor). Por lo tanto, la Sala determinó que no aplica la figura de la subrogación legal (artículo 1668 del Código Civil) a favor de quien paga la obligación. Se explicó que cuando un codeudor solidario o un tercero asume el pago de la deuda ante el banco, simplemente extingue la obligación financiera frente a la entidad, pero esto no lo convierte automáticamente en beneficiario del contrato de seguro ni le permite ocupar el lugar del banco para reclamar la indemnización a la aseguradora.

Inexistencia de la subrogación convencional

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Tampoco prosperó el argumento de que existió una subrogación voluntaria o convencional (artículo 1669 del Código Civil). La Corte advirtió que para que esta figura opere deben concurrir requisitos estrictos y concurrentes: (a) la calidad de tercero de quien paga, (b) la voluntad clara del acreedor de subrogar, (c) la mención expresa en la carta o recibo de pago, y (d) la sujeción a las reglas de la cesión de derechos.

En el presente caso, aunque el banco recibió efectivamente el pago del saldo insoluto por parte de la accionante, no se aportó ninguna prueba en la que constara de manera expresa, dentro de la carta de pago, que la entidad bancaria consentía subrogarla voluntariamente en los derechos y acciones que le correspondían frente a la compañía de seguros.

Falta de demostración de la calidad de compañera permanente

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El recurso de casación también atacó al Tribunal por no haber reconocido la legitimación de la demandante en su calidad de compañera permanente del causante. La Corte precisó que, si bien la jurisprudencia y la ley (Código General del Proceso) admiten libertad probatoria para acreditar el vínculo marital de hecho, la accionante no logró demostrar los elementos esenciales de esta figura.

Al evaluar las pruebas, la Corte notó que el único testimonio presentado (el del señor Armando Gómez Marín) indicaba que la pareja se ponía de acuerdo para manejar negocios y créditos, pero guardó absoluto silencio sobre la existencia de una verdadera comunidad de vida, cohabitación, ayuda, socorro mutuo o el compromiso de conformar una familia. Al revisar la prueba documental restante, la Sala evidenció que tampoco arrojaba certeza sobre la unión marital deprecada, confirmando que las inferencias probatorias del Tribunal no fueron irrazonables.

Conclusión y Costas

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Al no encontrar probados los presupuestos para la subrogación ni la calidad de compañera permanente de la actora, todos los reproches planteados en la demanda de casación fracasaron. Consecuentemente, la Corte condenó en costas procesales a la parte demandante e impuso el pago de las agencias en derecho correspondientes a favor de las aseguradoras.

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Aclaraciones y salvamentos

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• Salvamento de voto del Magistrado Luis Armando Tolosa Villabona

 

El magistrado Tolosa Villabona se apartó de la decisión mayoritaria argumentando que la Sala desnaturalizó los conceptos jurídicos referentes a las partes del contrato de seguro, los terceros ajenos al convenio y la figura de la subrogación. En su criterio, la Corte cometió un grave error al confirmar la negativa de reconocer las pretensiones de Elvia Rosa Mateus Sánchez (compañera del fallecido), negándole su derecho a subrogarse en la posición del banco.

El magistrado explicó que, una vez acaecido el siniestro (la muerte del deudor asegurado), surgía de inmediato la obligación a cargo de la aseguradora de pagar el saldo correspondiente al banco demandado. Sin embargo, la aseguradora no lo hizo y el ente financiero, actuando de mala fe, se abstuvo de ejercer las acciones propias del vínculo del seguro, prefiriendo exigir el pago de la obligación crediticia a los familiares del difunto, a pesar de que ellos no eran parte del contrato.

Al haber solucionado el crédito del difunto sin corresponderle, la demandante adquirió una legitimación patente para ejercer la acción subrogatoria directa contra el banco y la aseguradora para reclamar la restitución de lo indebidamente pagado. Tolosa criticó que la Sala aplicara equivocadamente las reglas de solidaridad pasiva (artículo 1579 del Código Civil), aclarando que la demandante no era garante ni codeudora solidaria de la aseguradora, sino una tercera ajena que pagó el crédito por causa del siniestro.

Apoyándose en jurisprudencia previa de la propia Corte, el magistrado reiteró que cuando terceros interesados pagan con sus propios bienes, no significa que la aseguradora quede liberada de su prestación; simplemente se presenta un cambio de beneficiario del seguro (legal o convencional), y estos terceros pasan a gozar de la acción de repetición del pago de lo no debido frente a la compañía aseguradora.

Aclaración de voto de la Magistrada Hilda González Neira

 

La magistrada González Neira acompañó la decisión de la Sala de no casar la sentencia absolutoria, pero emitió una aclaración de voto para distanciarse de una afirmación particular contenida en la motivación del fallo, referida a cómo se demuestra la calidad de compañero permanente.

La Sala mayoritaria había sostenido que, a la luz del artículo 2 de la Ley 979 de 2005 y de la jurisprudencia constitucional, el vínculo marital se puede probar acudiendo a la libertad probatoria, es decir, mediante cualquiera de los medios dispuestos en el Código General del Proceso.

González Neira discrepó de esta aseveración argumentando que es necesario diferenciar entre el vínculo marital de hecho y el estado civil de compañero o compañera permanente. Explicó que, si bien para acreditar el primer concepto existe libertad probatoria, para el segundo (el estado civil) resulta obligatorio someterse a la solemnidad probatoria que exige el legislador. En ese sentido, puntualizó que los estados civiles diferentes a los tradicionales deben inscribirse formalmente en el registro respectivo, concretamente en el libro de varios de la notaría, conforme lo autoriza el Decreto 2158 de 1970.