El principio nominalista vs. el principio de valor de las deudas de dinero

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Como se dijo, el principio nominalista de las deudas en dinero es una visión clásica absolutamente anticuada y sin sentido actualmente. Hinestrosa, por ejemplo, defiende también el uso de la indexación en las restituciones mutuas, a lo cual la Corte se había negado por mucho tiempo, porque había que volver las cosas al "estado anterior", lo cual la Corte por mucho tiempo lo tomó de manera estrictamente literal, pero que actualmente cambió de parecer, porque la realidad del dinero es que no vale según la cifra que lleve impresa, sino según lo que se puede comprar con él, lo cual es eminentemente fluctuante. 

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Parece increíble tener que explicarlo a estas alturas, pero no hay un valor intrínseco del dinero ni de nada en absoluto. En este caso, es absolutamente cierto que el ser humano es la medida de todas las cosas (Protágoras), el valor de todos los bienes depende de la existencia de compradores dispuestos a pagar por ellos y de su capacidad monetaria. Hace unos años nadie imaginaría que unos códigos informáticos tendrían valor y serían susceptibles de ser intercambiados, pero hoy es común y muy valioso intercambiar Bitcoins, moneda digital que no depende de ninguna cualidad suya para tener valor, sino que depende casi por completo de la percepción de valor que le otorgue el ser humano. Por ejemplo, los cripto-bros se esfuerzan en señalar las ventajas que tiene Bitcoin, como su carácter descentralizado, su número absolutamente estable e imposible de incrementar, a diferencia del oro o el dólar, pero por más que estas ventajas sean abrumadoras sobre el dinero fiat o el oro, actualmente no es el activo monetario más valioso porque el ser humano no se ha decidido a darle ese valor, y solo por esa razón. De esta manera, luce inaudito que actualmente alguien se atreva a sostener el criterio nominalista, ni aún sustentándose en el mismísimo Ossa, un gigante, pero con una visión ya anticuada para su época, sustentada eso sí en la necesidad actuarial que padecen las aseguradoras de tener certezas sobre sus obligaciones, pero que, como se dijo, no se le pueden cargar sus faltas a los asegurados.

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Como se dijo, ya el Código de Comercio tuvo bastante en cuenta esta realidad, por lo que no se entiende cómo se puede interpretar uno de sus artículos de manera que defienda el decimonónico principio del nominalismo:

 

El Código de Comercio incluyó a la Teoría de la Imprevisión (Artículo 868), con lo cual, a diferencia de la rigidez del derecho civil, el Código de Comercio reconoció formalmente que la economía puede sufrir alteraciones drásticas. Si circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles (como una devaluación masiva o inflación galopante) alteran el equilibrio de un contrato de ejecución sucesiva, el afectado puede pedir al juez la revisión del contrato para ajustar las prestaciones a su valor real y equitativo.

 

El Código de Comercio, además, estableció un régimen de intereses realista (Artículo 884), así, mientras el Código Civil estancó el interés en el 6% anual, el Código de Comercio vinculó los intereses comerciales al interés bancario corriente. Como las tasas bancarias fluctúan según las variables macroeconómicas del país, los intereses comerciales llevan implícitamente indexado el costo de la inflación, protegiendo al acreedor de la pérdida del poder adquisitivo del dinero.

 

El Código de Comercio, además, generó la apertura a monedas extranjeras (Artículo 874) pues el estatuto mercantil permitió pactar obligaciones en moneda extranjera, un clásico mecanismo para prevenir la pérdida de valor del dinero local. Así, aunque el pago final deba hacerse en pesos colombianos, la norma establece que se liquidará a la tasa de cambio del día del pago (TRM), lo que funciona como un mecanismo directo de estabilización del valor real de la deuda frente a la desvalorización del peso.

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Naturaleza de los intereses e indexación

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Sin embargo, como los magistrados disidentes relacionan estos temas, así sea de manera impertinente, es importante aclarar la naturaleza de los intereses y si son, o no, incompatibles con la indexación.

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De nuevo, lo crucial aquí es tener en cuenta el contexto normativo. En el Código Civil se establece como interés legal (aquel que se usa cuando las partes no pactaron una tasa y se deben incluir intereses), la cifra del 6%. Tal cifra, no habría por qué explicarlo, está absolutamente desligada de la realidad macroeconómica y está basada en la concepción nominalista decimonónica que defienden los magistrados disidentes. 

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Por el contrario, el Código de Comercio se basa en el concepto de interés bancario corriente, el cual incluye la indexación. Así, dentro de lo que las entidades bancarias contemplan para establecer una tasa de interés, se incluyen tres factores:

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• El riesgo

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Según el riesgo que represente el deudor o el crédito, se establecen tasas mayores no menores. Por ejemplo, un crédito de leasing inmobiliario es menos costoso que una hipoteca porque ese menos riesgoso, ya que la casa ya le pertenece al banco en un leasing, a diferencia de una hipoteca. Lo mismo pasa con el score de DataCrádito: un deudor con un pobre DataCrádito, con historial de impagos, es más riesgoso y por eso su tasa de interés se incrementará. 

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• La remuneración

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El banco, por supuesto, presta dinero para obtener una remuneración a cambio. Ello va incluido en la tasa que cobra.

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• La indexación

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En el interés bancario se incluye la tasa de indexación porque es evidente, y así lo reconoce el Código de Comercio, que el dinero pierde valor, lo cual es necesario actualizar, lo cual se tuvo en cuenta, como se dijo, hace más de 50 años al tomar este código tal criterio del interés bancario corriente. 

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Por lo tanto, primero, la indexación es compatible con el interés legal del Código Civil por lo exiguo de tal cifra, pero es incompatible con el interés legal del Código de Comercio, porque en el cálculo que acoge ese código ya está incluida. Segundo, el mero hecho de la inclusión del Interés Bancario Corriente en el Código de Comercio indica muy a las claras que tal código abandonó el criterio nominalista para acoger uno de valor actual del dinero. Y tres, en este caso no se hace incompatible la indexación porque el Tribunal no le aplicó a la cifra los dos criterios: no es que haya aplicado el IBC y además haya indexado la cifra; solo indexó la cifra, por lo que no existe ninguna incompatibilidad.

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Decisión de la Corte Suprema de Justicia​​​​​

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La decisión mayoritaria de la Corte determinó que la decisión del Tribunal de indexar el límite asegurado del "amparo de exceso" (que pasó de $100.000.000 a $167.799.080) no denotó arbitrariedad ni fue irrazonable. Los fundamentos centrales de la mayoría fueron:

Naturaleza de la indexación

 

La Corte reiteró su jurisprudencia indicando que la indexación no tiene una naturaleza resarcitoria ni hace parte del objeto de la pretensión, sino que es una simple actualización frente a la depreciación que sufre el dinero con el paso del tiempo.

Principio de reparación integral

 

No indexar la suma asegurada significaría que, por el transcurso de los años entre el siniestro y la condena judicial, la aseguradora terminaría pagando una suma real inferior a la que se comprometió. Esto iría en contra del principio de indemnización integral, desvirtuando el propósito de reparación efectiva a la víctima propio de los seguros de responsabilidad civil (artículo 1127 del Código de Comercio).

Facultad oficiosa y equilibrio

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El juez tiene la facultad de decretar la corrección monetaria incluso de oficio para evitar una situación inequitativa. Para la mayoría de la Sala, esta actualización no agrava la condición del asegurador ni genera un enriquecimiento para los beneficiarios, sino que simplemente actualiza la suma al momento de fijar la obligación indemnizatoria.

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Por lo anterior, la Corte denegó el amparo solicitado por la aseguradora.

El Salvamento de Voto Conjunto (La disidencia)

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Los magistrados Martha Patricia Guzmán Álvarez, Fernando Augusto Jiménez Valderrama y Adriana Consuelo López Martínez se apartaron de la decisión argumentando que la orden del Tribunal carecía de soporte legal y contrariaba la lógica técnica y jurídica del contrato de seguro. Su disenso se detalló así:

El límite asegurado es nominal. El artículo 1079 del Código de Comercio establece que la aseguradora no está obligada a responder más allá del límite de la "suma asegurada". Si las partes, en ejercicio de su autonomía y diligencia, no pactaron expresamente una "cláusula de índice variable" o "de indexación" para ajustar periódicamente los valores, el riesgo máximo asumido debe entenderse en términos fijos y nominales.

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Además, destacan que la naturaleza dineraria de la obligación, que no es una obligación de valor, apoyados en la posición prevalente a nivel nacional e internacional. Así, citando la obra del Maestro J. Efrén Ossa, explican que la obligación que nace del siniestro para el asegurador representa una obligación dineraria o de dinero, y no una obligación de valor (como sí lo es la que recae sobre quien es civilmente responsable de causar un daño). Señalan que es imposible catalogarla como "de valor" cuando invariablemente la ley le impone un tope o límite máximo en la suma asegurada.

Por lo tanto, el pago se satisface con el valor nominal pactado. Al ser la suma asegurada un valor fijo que funge como límite máximo de responsabilidad, esta sigue la regla general de cualquier obligación dineraria en un acuerdo negocial: el débito se satisface en su integridad pagando el valor nominal exacto que las partes establecieron, siempre y cuando el asegurador no haya incurrido en un incumplimiento contractual (mora).

Desestabilización técnica y actuarial. Permitir la indexación ex post de una suma asegurada que fue calculada ex ante de forma estática, rompe la relación de equivalencia técnica que debe existir entre la prima cobrada y el riesgo asumido. Los magistrados advirtieron que esto afecta gravemente la estimación de las reservas técnicas exigidas por la ley y desestabiliza las bases financieras del mercado asegurador colombiano.

La indexación solo procede ante la mora. La disidencia aclaró que indexar el monto máximo de la póliza solo es equitativo y procedente cuando la aseguradora incumple su obligación de pagar el siniestro y entra en mora, pues en ese escenario la aseguradora debe asumir los efectos de la depreciación. Sin embargo, el Tribunal cometió el error de indexar la suma asegurada desde la fecha en que inició la vigencia de la póliza (enero de 2016) hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia (abril de 2025), sin basarse en el incumplimiento.

Riesgo de doble pago. Al aplicar una indexación general sobre el límite de la póliza y, al mismo tiempo, imponer condenas por intereses moratorios, se genera un enriquecimiento indebido, pues la jurisprudencia indica que los intereses moratorios ya llevan implícita la actualización de la moneda.