Súmulas de la sentencia

 

En el ordenamiento jurídico de Brasil, una súmula es un enunciado formal que resume la jurisprudencia dominante y reiterada de un tribunal superior sobre la interpretación de un tema jurídico específico.

 

Esta práctica nació en la década de 1960 (ideada por el ministro Victor Nunes Leal del Supremo Tribunal Federal) con un propósito muy claro: simplificar el trabajo judicial. Cuando un tribunal nota que está resolviendo decenas, cientos o miles de casos idénticos de la misma manera, condensa ese criterio en una sola tesis o párrafo. De este modo, no hace falta redactar largas argumentaciones en cada nuevo juicio; basta con remitirse a la súmula correspondiente.

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Aunque Brasil es un sistema de Civil Law (tradición continental europea), el mecanismo de las súmulas le otorga una fuerza enorme a los precedentes judiciales, acercándolo un poco al Common Law (tradición de las islas y trasladada a EEUU). Hay súmulas no vinculantes, que las empezaron a elaborar los jueces y hay súmulas vinculantes, que nacieron en 2004 con la Enmienda Constitucional nº 45 en 2004, en donde se convierten en derecho formal obligatorio.

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En Colombia no existe tal mecanismo, pero los intérpretes y la doctrina podemos colaborar en esa labor estableciendo súmulas doctrinales. Aquí las que propongo.

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Es determinante la condición de sujeto de especial protección constitucional.

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En todos los casos fue determinante la condición de sujeto de especial protección constitucional, sea por la vejez, la pobreza o el padecimiento de enfermedades graves. En tales casos, aunque son asuntos propios de la jurisdicción ordinaria, la Corte es categórica y señala que la falta de idoneidad de la justicia ordinaria prácticamente se presume. 

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El principio de la buena fe en el contrato de seguro es un postulado de doble vía

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Tradicionalmente en el Derecho de seguros se señala que la buena fe es una carga pesada que tiene que soportar el asegurado debido a que se le cree lo que dice en su declaración de asegurabilidad. Con esta sentencia se resalta que la buena fe es de dos vías, y la aseguradora también tiene cargas al respecto, como las cargas de comprobación y de lealtad.

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Deber de información y Derecho del consumo

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Propio de los tiempos actuales y de las protecciones del Derecho del consumo, la aseguradora, por ostentar una posición dominante y ser la profesional, tiene cargas como las de información y claridad que más adelante define la Corte.

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Decisión de la Corte Constitucional

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El debate jurídico en torno a la negativa de las compañías de seguros a pagar las indemnizaciones o saldar deudas derivadas de pólizas de vida e incapacidad fue objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional. El eje central de la controversia jurídica radica en el concepto de "reticencia", el alcance del principio de la buena fe y el desequilibrio contractual existente entre las entidades financieras y los consumidores. A continuación, se detallan los argumentos jurídicos fundamentales que rigen esta materia.

Procedencia excepcional de la tutela contra aseguradoras y bancos

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Por regla general, los conflictos derivados del cumplimiento de un contrato de seguro deben resolverse ante la jurisdicción civil ordinaria. Sin embargo, la jurisprudencia ha sostenido que la acción de tutela es procedente frente a particulares que ejercen actividades bancarias y aseguradoras, debido a que se ocupan del manejo de recursos captados del público, lo cual dota a su labor de un evidente carácter de interés público.

Además, estas entidades detentan una posición dominante frente al usuario, lo que hace imperativo equilibrar las posiciones en las que se encuentran ubicadas cada una de las partes dentro de la relación negocial. En este sentido, la acción constitucional resulta procedente cuando los medios de defensa ordinarios son inidóneos o ineficaces, o cuando el afectado se encuentra en riesgo inminente de sufrir un perjuicio irremediable.

 

Tratándose de sujetos de especial protección constitucional (como personas de la tercera edad, en situación de discapacidad manifiesta o en precariedad económica), la falta de idoneidad de la justicia ordinaria prácticamente se presume. Obligar a estas personas a acudir a un dispendioso proceso civil ordinario, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, resultaría desproporcionado e irrazonable.

La figura de la reticencia y el principio de la buena fe

 

El artículo 1058 del Código de Comercio establece que el tomador de una póliza está obligado a declarar sinceramente aquellas situaciones o circunstancias que resulten de utilidad para que la compañía determine el nivel de riesgo a asumir. La omisión o inexactitud de dichas condiciones en el cuestionario de asegurabilidad se conoce en el derecho comercial como "reticencia", cuya sanción legal consiste en la nulidad relativa del contrato de seguro.

No obstante, el análisis constitucional determina que la simple omisión o la falta de declaración de una condición de salud (preexistencia) no constituye reticencia por sí misma. Dado que la reticencia castiga la mala fe en el comportamiento del declarante, este elemento es de carácter netamente subjetivo y, por ende, es un deber de la compañía aseguradora probar de manera irrefutable dicha mala fe para poder eximirse del pago. El principio de la buena fe en el contrato de seguro es un postulado de doble vía, que obliga a ambas partes a comportarse con probidad en el desarrollo de la relación contractual, evitando interpretaciones arbitrarias del contrato y de los hechos.

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Las cuatro cargas básicas de las compañías aseguradoras

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Para compensar el desequilibrio estructural frente a la posición dominante de las aseguradoras en la redacción de los contratos de adhesión, la Corte Constitucional ha establecido que estas empresas deben cumplir con cuatro cargas o deberes ineludibles:

Carga de claridad. Exige que el lenguaje utilizado para definir las cláusulas del contrato, el formulario de asegurabilidad y cualquier otro documento referido a la póliza, sea transparente y accesible. Dado que la ambigüedad tiene la potencialidad de afectar el equilibrio contractual, esta carga opera como una salvaguarda esencial para evitar la vulneración de los derechos fundamentales de los particulares.

Carga de información. Consiste en dotar al tomador del seguro de todos los datos necesarios (veraces y completos) para que emita un consentimiento auténticamente informado, evitando inducirlo a error. Esto incluye el deber ineludible de asistir y explicar al asegurado cualquier situación técnica o procedimental que, por su propia naturaleza, pueda resultarle confusa.

Carga de comprobación. Es la obligación que tiene la aseguradora de verificar y corroborar el estado de salud real señalado por el tomador al momento de adquirir la póliza. Esta confirmación se materializa a través de la práctica de exámenes médicos preventivos o la solicitud de entrega de pruebas médicas recientes. La jurisprudencia es enfática al señalar que las entidades no pueden escudarse en cláusulas genéricas dirigidas a eximirse de responsabilidad por preexistencias, si ellas mismas omitieron previamente su deber de cerciorarse de las condiciones vitales del usuario. Si la aseguradora no verifica, asume el riesgo.

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Carga de lealtad. Se traduce en un mandato general que prohíbe a las aseguradoras abusar de la autonomía privada de la voluntad y de su posición de dominio en el mercado para afectar los intereses de su contraparte de forma ilegítima o para generar detrimentos patrimoniales de mala fe.

El derecho al mínimo vital y las repercusiones del impago

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Cuando una compañía de seguros evade su carga de comprobación inicial y, posteriormente al acaecimiento de la tragedia, decide objetar el siniestro alegando una supuesta reticencia, lesiona gravemente el orden constitucional. Si el tomador es una persona que ha perdido su capacidad laboral, la negativa al pago de la póliza (ya sea de vida o de incapacidad total permanente) afecta de forma directa su derecho fundamental al mínimo vital, dejándola sin los recursos indispensables para su congruo sostenimiento y supervivencia material. En esos escenarios límite, los estrictos mandatos comerciales deben ceder paso a la justicia constitucional, erigiéndose la acción de amparo como la vía material e idónea para proteger la dignidad humana.

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Derechos fundamentales tutelados

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Caso 1: Amparo Gálvez de Prieto contra Seguros de Vida Colpatria S.A.

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Derechos tutelados: Mínimo vital y debido proceso.

 

Por qué: El derecho al mínimo vital se protegió debido a que la accionante perdió el 71,14% de su capacidad laboral y quedó imposibilitada para obtener ingresos que le permitieran un congruo sostenimiento, por lo que el pago de la póliza resultaba esencial para procurarse condiciones de vida digna.

 

El debido proceso se tuteló porque la aseguradora vulneró su deber al objetar el siniestro alegando reticencia por enfermedades preexistentes, sin haber cumplido previamente con su "carga de comprobación", es decir, omitió practicar o exigir exámenes médicos para verificar el estado de salud de la usuaria al momento de suscribir el contrato.

Caso 2: Saúl Cáceres Mejía y Tulia Muñoz Ruiz contra Seguros Suramericana S.A. e Interseg

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Derechos tutelados: Mínimo vital y debido proceso (frente a Interseg Intermediarios de Seguros).

Por qué: El mínimo vital fue amparado al tratarse de adultos mayores con precarios ingresos derivados de la economía informal, para quienes el pago de la póliza por la muerte de su hija representaba un recurso necesario para vivir dignamente en la vejez.

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El debido proceso se tuteló porque la intermediaria de seguros omitió su obligación de confirmar el estado de salud de la tomadora y renunció a su potestad de revisar la historia clínica antes de emitir la póliza, perdiendo la legitimidad para objetar el siniestro bajo la excusa de ocultamiento de información.

Caso 3: Roberth Alberto Pinto Romero contra Banco Caja Social, Liberty Seguros y Colmena

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Derechos tutelados: Se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

Por qué: No hubo una orden de tutela de derechos fundamentales en la sentencia definitiva porque, durante el trámite de revisión, la aseguradora Colmena Vida y Riesgos Laborales efectuó el pago de la póliza y canceló el saldo insoluto del crédito, satisfaciendo por completo la pretensión que originó la demanda de amparo.

Caso 4: Bertha María Vallejo Arteaga contra Banco Davivienda y Seguros Bolívar S.A.

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Derechos tutelados: Mínimo vital y debido proceso.

Por qué: Se protegió el mínimo vital porque la actora, tras perder el 78% de su capacidad laboral, contaba únicamente con una pensión de invalidez para subsistir junto a su hijo con discapacidad psicosocial; obligarla a asumir el pago de las cuotas hipotecarias ante la negativa de la aseguradora habría deteriorado gravemente su subsistencia.

 

El debido proceso se amparó al evidenciarse que la aseguradora incumplió su carga de confirmación, pues no exigió exámenes médicos ni revisó la historia clínica al celebrar el contrato, haciéndolo de forma tardía y conveniente solo cuando se reclamó el siniestro para alegar reticencia.