1. Definición del riesgo y exclusiones

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Este sentencia, de nuevo, evidencia las graves falencias que tiene el Derecho de seguros, y su práctica, en cuanto a la definición de uno de sus elementos esenciales: el riesgo. Las exclusiones, necesariamente, deben referirse al riesgo cubierto para excepcionar alguna modalidad del mismo por ser demasiado riesgosa y, por lo tanto, no asegurable según las evaluaciones probabilistas de la aseguradora.​

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Uno de los riesgos cubiertos era el hurto. ¿Qué relación tiene con el hurto que un vehículo esté, o no, embargado? De hecho, es una práctica absolutamente frecuente que se aseguren bienes que prestan garantía a través de prenda o hipoteca, porque los pierde tanto el deudor dueño como el acreedor; en este caso la única diferencia es que el bien presta garantía en un proceso. Que el bien esté, o no, embargado, ni agrava ni mitiga el riesgo de hurto, lo que es la razón para establecer una exclusión ya que la aseguradora no está dispuesta a asumir un riesgo mayor en una determinada situación excluida, por lo que la exclusión que se intentó no tiene sentido, si es que existiera, porque tal interpretación solo estuvo en la cabeza de la aseguradora.

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2. Decisión de la Corte Suprema de Justicia

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La Corte Suprema de Justicia decidió NO CASAR (no revocar) la sentencia del Tribunal, manteniendo en firme la condena impuesta contra QBE Seguros S.A. al pago de la indemnización por el hurto del tractocamión embargado. Para desestimar los argumentos de la aseguradora y avalar la decisión de segunda instancia, la Corte desarrolló un análisis detallado fundamentado en los siguientes ejes jurídicos:

La interpretación lógica de la póliza y el riesgo de hurto

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La Corte determinó que aceptar la tesis de la aseguradora (según la cual el amparo dejaba de operar automáticamente por el embargo) equivaldría a aceptar una "suspensión del contrato de seguro" que las partes jamás pactaron expresamente. La Corte consideró que restarle vigencia a la póliza durante la práctica de un embargo vaciaría de contenido el contrato y lo tornaría inocuo, ignorando que el riesgo de hurto puede materializarse independientemente de si el vehículo está en poder del tomador o afectado por una medida cautelar dictada por una autoridad.

Configuración de una cláusula abusiva y vejatoria

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La Sala advirtió que, incluso, si el verdadero propósito de la aseguradora al redactar la exclusión era desamparar el bien ante cualquier eventualidad solo por estar embargado, quedaba al descubierto una estipulación "desmedida" o derechamente abusiva impuesta en un contrato de adhesión. Aplicarla semejante cláusula en la forma sugerida por la compañía de seguros impondría una carga exagerada al asegurado y evidenciaría un grave desequilibrio contractual, frustrando por completo la finalidad para la cual se adquirió el seguro.

La protección del acreedor prendario

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La Corte subrayó un efecto contradictorio e injusto en la postura de la aseguradora frente al propio beneficiario de la póliza (el acreedor prendario). Si se aceptara que el embargo elimina la cobertura, el acreedor prendario se vería castigado por ejercer su derecho legítimo de iniciar una acción ejecutiva y embargar el bien de su deudor moroso. Esto lo disuadiría de cobrar su crédito judicialmente, ya que, paradójicamente, al hacerlo perdería la protección de la póliza que garantizaba su dinero frente a eventualidades como el robo.

Ambigüedad de la cláusula e interpretación a favor del consumidor

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La Corte también detectó una evidente ambigüedad e incoherencia en la redacción de la cláusula 2.4.3. Aunque su encabezado indicaba aplicar a "todos los amparos", el texto condicionaba la exclusión específicamente a "la responsabilidad civil o las pérdidas o daños al vehículo". Ante esta falta de claridad en un texto redactado unilateralmente por la aseguradora, el juez tenía el deber de aplicar pautas de interpretación contractual tuitivas:
 

Pro consumatore: En favor del tomador del seguro por ser el usuario o adherente.
 

Contra preferentem: En contra de la aseguradora por ser quien redactó la estipulación confusa.

Bajo estas reglas, la Corte concluyó que un hurto no genera daños "al vehículo" en sí mismo, que es lo que dice la cláusula literalmente, sino un perjuicio patrimonial para su dueño o tenedor, por lo que la exclusión alegada no era aplicable para evadir el pago del siniestro por robo.

En conclusión, el recurso de casación de la aseguradora solo reflejó una simple "disparidad de criterios", lo cual es insuficiente para derribar la presunción de legalidad y acierto de la sentencia.