1. Síntesis del caso

El presente es un interesante debate sobre la "coligación negocial" (conexidad entre contratos) y las formas válidas para terminar un contrato de seguro cuando la prima ha sido financiada.

Los hechos: el siniestro y la financiación

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Hacienda las Caritas S.A. renovó una póliza de seguro multirriesgo empresarial con Seguros Generales Suramericana S.A., la cual amparaba contra incendio las instalaciones (galpones) de su granja avícola, con vigencia del 2 de marzo de 2016 al 2 de marzo de 2017.

Para pagar la prima de este seguro, la empresa acudió a una entidad de financiación del mismo grupo, Servicios Generales Suramericana S.A.S. y pagó su póliza a través de la financiación brindada. No obstante, al suscribir el pagaré del crédito, Hacienda las Caritas autorizó expresamente a la financiera para que, en caso de atrasarse con las cuotas del préstamo, esta le solicitara a la aseguradora la terminación de la póliza y la devolución de la prima no devengada para abonarla a la deuda.

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Es decir que, el asegurado al tomar el crédito con Servicios Generales Suramericana S.A.S. (una entidad financiera) para pagar la póliza, la póliza quedó pagada en su totalidad a la aseguradora, Seguros Generales Suramericana S.A., pero debe recordarse que el dinero que se le paga a la aseguradora no le pertenece del todo, desde el principio. La prima se va causando en proporción al tiempo transcurrido de cobertura. Así, si se pagó 365 pesos de póliza, ese dinero es del asegurado, que pagó anticipadamente todo el año, y se va causando en proporción al tiempo transcurrido, por lo que, el primer día se causará 1 peso, que ya le pertenece a la aseguradora, y los otros 354 los tiene la aseguradora, pero todavía no le pertenecen, y si el contrato llega a terminar por razones diferentes al siniestro el primer día, el asegurado tiene derecho a que le devuelvan ese dinero restante que todavía no se ha causado.

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De esta manera, en el contrato de financiamiento se estableció que si la asegurada dejaba de pagar el crédito, la entidad financiera tenía derecho a hacer terminar el contrato de seguro con la aseguradora y solicitar que le devolvieran la prima no causada para abonarla a la deuda. Así, por ejemplo, si habían transcurrido 200 días y la asegurada deja de pagar el crédito, ya 200 pesos son de la aseguradora y no se pueden revertir, pero los otros 165 pesos, al terminar el contrato de seguro por falta de pago en el crédito y el ejercicio del derecho de la entidad financiera de solicitar la terminación del contrato de seguro, le daban el derecho a la entidad financiera de solicitar esos 165 pesos a la aseguradora para abonarlos a la deuda que la asegurada tenía con ella.

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Es así entonces, como la demandante, asegurada, se atrasó en las cuotas del crédito, por lo que el 16 de mayo de 2016 la financiera le solicitó a la aseguradora revocar la póliza.

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Días después, el 28 de mayo de 2016, ocurrió un grave incendio en el galpón No. 1.

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Al presentar la reclamación, la aseguradora se negó a pagar argumentando que la póliza ya había sido revocada previamente a petición de la financiera por el no pago del crédito.

La decisión en segunda instancia (El Tribunal). La sentencia controvertida en casación

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En segunda instancia, el Tribunal falló a favor de Hacienda las Caritas y condenó a la aseguradora a pagar más de 1.300 millones de pesos por el siniestro.

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El juzgador basó su decisión en la separación legal de los contratos:

• No operaba la terminación automática

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El Tribunal explicó que el artículo 1068 del Código de Comercio contempla la terminación automática del seguro únicamente por la mora en el pago de la prima. Como en este caso la financiera ya le había pagado la totalidad de la prima a la aseguradora, esta no podía usar la mora en las cuotas del crédito como excusa para una terminación automática.

• Falta de notificación de la revocación

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Si la aseguradora pretendía hacer efectiva la revocación solicitada por la financiera (bajo el artículo 1071 del C. de Co.), tenía la obligación legal ineludible de notificar su decisión por escrito al asegurado con no menos de 10 días de antelación. Como la aseguradora guardó silencio y solo vino a informar de la revocación en septiembre cuando rechazó el siniestro, la póliza se encontraba plenamente vigente para el día del incendio

2. El error

El error de la aseguradora

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Hay una ley no escrita en el litigio que tenemos muy bien aprendida: cuando un argumento es demasiado "perfumado", refinado teóricamente, sus probabilidades de éxito disminuyen, lo que hay que informarle al cliente, y tales argumentos se deben usar, sin duda, pero subsidiariamente a los más sencillo o fáciles de entender, porque a los jueces, por su volumen de trabajo, y a los escribientes y auxiliares de magistrado, por la misma razón, no se los puede poner a lucubrar innecesariamente. Esto lo decimos desde la posición de alguien con un Ph. D. Summa Cum Laude de quizás la universidad más exigente de Colombia, es decir, con profunda consciencia del valor absolutamente práctico de una buena teoría para entender el mundo, pero es ineludible también entender el contexto y las realidades, que también desempeñan un papel en los litigios.

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El error de la aseguradora, que es excusable porque tenía la razón, fue tomar la vía de la explicación compleja de los contratos coligados, y no simplemente acudir a la vía de la teoría de la representación. Incluso, ya que se involucró con esa vía compleja, podría haber señalado que con la entidad financiera había un contrato combinado o gemelo, es decir, una estructura contractual donde se vinculan dos o más acuerdos distintos en una misma operación, ya que en el contrato había un mutuo, como dice la sentencia, y podría decirse que hay un mandato representativo, también, que habilitaba a la entidad financiara a hablar a nombre y por cuenta de la asegurada. No obstante, tal elipse argumentativa no era necesaria si simplemente se hubiese acudido a la teoría de la representación, legalmente regulada en el Código de Comercio (arts. 832 a 844), especialmente, acudiendo a la regla más básica de la representación:

"ARTÍCULO 833. EFECTOS JURÍDICOS DE LA REPRESENTACIÓN. Los negocios jurídicos propuestos o concluidos por el representante en nombre del representado, dentro del límite de sus poderes, producirán directamente efectos en relación con éste.

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La regla anterior no se aplicará a los negocios propuestos o celebrados por intermediario que carezca de facultad para representar." Negrilla fuera de texto

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El argumento de la aseguradora condenada se puede resumir así:

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• La autorización expresa firmada por el cliente

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Para pagar la prima del seguro, la empresa Hacienda las Caritas S.A. acudió a un mecanismo de financiación con la entidad Servicios Generales Suramericana S.A.S. Al suscribir el pagaré y la solicitud de este crédito, el cliente firmó una cláusula específica (numeral 3, literal b) en la que autorizó expresamente a la financiera para que, en caso de incumplir con el pago de las cuotas del préstamo, esta le solicitara a la aseguradora la terminación de la póliza. Además, autorizó que la aseguradora le girara a la financiera el valor de la prima no devengada para abonarlo a la deuda pendiente.

• La teoría de la "Coligación o Conexidad Contractual"

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La aseguradora argumentó ante los jueces que el contrato de seguro y el contrato de mutuo (el préstamo) no podían interpretarse como compartimentos estancos, aislados o divorciados el uno del otro. Por el contrario, sostuvo que ambos conformaban una "coligación o conexidad contractual" o una "red contractual".

Esto significa que ambos negocios jurídicos fueron unidos voluntariamente por las partes para cumplir un mismo propósito práctico y estructurar una operación económica conjunta, en la que participaban las tres sociedades (el cliente, la financiera y la aseguradora).

• La ejecución de la terminación como voluntad del asegurado

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Aquí es el momento en donde la aseguradora más intentó utilizar la teoría obvia para el caso, pero sin demasiada claridad y, por lo tanto, sin éxito. Apoyándose en esa interconexión de los contratos, la aseguradora defendió que la cláusula de autorización era totalmente lícita, clara y aceptada de manera libre por un cliente profesional. En la práctica, como el cliente efectivamente se atrasó en los pagos del crédito, la compañía financiera actuó el 16 de mayo de 2016 (días antes del incendio) y solicitó a la aseguradora la revocación de la póliza.

Bajo este marco, la aseguradora concluyó que no debía pagar el incendio porque la póliza ya estaba cancelada, y esa cancelación no fue un acto arbitrario de su parte, sino el acatamiento de una instrucción legítima que provenía de la voluntad del propio asegurado (a través de la financiera), fruto del entramado contractual que ellos mismos habían decidido acoplar

3. Análisis