La construcción de los indicios

​​​

Como señala Antonio Dellepiane, los indicios no son un medio de prueba más, son el medio o la herramienta a través de la cual se analizan todas las pruebas. Por esa razón en su obra Nueva teoría de la prueba​ invierte el análisis de los medios de prueba e inicia con el más importante: los indicios. Nótese, simplemente, la concordancia de la definición de sana crítica y la definición de indicios por parte del Código General del Proceso.

​

Acerca de cómo se evalúan las pruebas, el Código dice:

 

Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.

 

El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

​​

Y acerca de la evaluación de los indicios, el mismo Código dice:

​

Artículo 242. Apreciación de los indicios. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso.

​

Los indicios, como las pruebas en general, primero se construyen individualmente y después se analizan en conjunto.

​

Ahora bien, otra característica de los indicios es que deben ser plurales, casi todo el tiempo. La razón es que los indicios se clasifican en necesarios y contingentes. Los necesarios son los que no tienen otra explicación y, por lo tanto, no necesitan de otros indicios que los soporten. Dellepiane en su libro usa el siguiente ejemplo: de observar un edificio en pie se puede concluir, necesariamente, que lo construyó el ser humano. Este indicio no necesita de otros porque no tiene otra explicación. Sin embargo, esta clase de indicios son muy raros y casi solo se encuentran en ejemplos académicos como ese. Incluso ese indicio no es hoy necesario porque, con las máquinas actualmente, no es necesario concluir que, de ver un edificio en pie, necesariamente sea porque lo construyó el ser humano.

​

Los indicios contingentes, son aquellos que tienen varias explicaciones, aunque unas sean más plausibles, más graves, que otras. De ver un edificio bien acabado se puede concluir que lo elaboró un albañil, pero ello no es necesario porque hay otras personas con habilidades y cuidadosas, que aunque se demoren más, pueden hacer buenos acabados. Por eso, esa clase de indicios deben estar acompañados de otros, porque aunque lo más probable (es un indicio grave) sea que de ver unas paredes bien terminadas se pueda concluir que seguramente las hizo un albañil, eso no es necesario ni la única explicación posible. Por lo tanto, ese indicio necesita del apoyo de otros, como el hecho de que quien construyó el edificio fue una empresa con trayectoria larga en construcción, que por ello suele contratar albañiles experimentados. 

​

De esta manera, como la mayoría de los indicios son contingentes, nunca los indicios funcionan de manera individual, sino que necesitan de pluralidad. 

​

Ahora, ¿Qué se hace con esa pluralidad? Primero, se analiza indicio por indicio para determinar si su capacidad de señalar un hecho indicado es fuerte o débil, su gravedad, y la doctrina clasifica los indicios en graves, leves y levísimos. Y una vez se hace ese análisis, ahora se analiza si la pluralidad de indicios son concordantes y convergentes.

​

¿Qué hace que los indicios sean concordantes? Que todos encajen entre ellos de manera natural. La naturaleza y las acciones humanas funcionan de maneras similares todo el tiempo, así que normalmente la realidad deja indicios o huellas que encajan con facilidad según las reglas de la experiencia. En un homicidio normalmente hay un móvil, una huella de zapatos o dactilares y una coartada rota, y es muy fácil para la mente del juez entender que si todo ello se presenta es porque el investigado es probable que sea responsable. 

​

¿Qué hace que los indicios sean convergentes? Que todos apunten, con mayor o menor fuerza, a un mismo sitio, a una misma verdad. Solo, el indicio de tener un móvil o motivación, como la existencia de un seguro a favor del investigado, no puede llevar a concluir que es el asesino, pero si eso se combina con las huellas y la coartada caída, cada indicio señala al asesino, pero entre todos, se prestan fuerza y se consolidan mutuamente.

​

¿Cuál fue el error de la aseguradora? Se quiso valer de un único indicio, la ilegalidad del acto administrativo, para establecer algo que se está investigando: el dolo. Para poder llegar a la conclusión de que hubo dolo, deben exponerse pluralidad de indicios, y se debe señalar su gravedad, concordancia y convergencia, como lo exige acertadamente la Corte.

​

Constitución en mora

​

Al respecto, simplemente, no deja de sorprender lo poco que respeta la legislación en este caso la Corte. 

​

El 1608 del Código Civil señala que si no hay un plazo o un plazo esencial, al deudor se le constituye en mora con la reclamación judicial. Por su parte, el artículo 94 del Código General del Proceso concreta ese momento, señalando que se constituye en mora, específicamente, con la notificación del auto admisorio de la demanda. Claro, esto funciona cuando no hay un plazo, porque si lo hay, como el del 1080 C.Co, vencido el plazo se entra en mora.

​

Por su parte, se reitera que un proceso declarativo está para establecer una realidad, no para crearla. La aseguradora era deudora porque no había dolo, y era deudora desde que le reclamaron judicialmente y le notificaron el auto admisorio, salvo que le hayan reclamado extrajudicialmente y no haya contestado en el mes siguiente. Esa es una realidad que la sentencia de segunda instancia o la mismísima casación solo vienen a reconocer, no a crear, por lo que no tiene sentido afirmar que la aseguradora solo es deudora y está en mora desde la sentencia definitiva. 

​

Decisión de la Corte Suprema de Justicia​​​​​

 

La Corte Suprema de Justicia decidió casar parcialmente la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá y, actuando en sede de instancia, revocó parcialmente la decisión absolutoria del juez de primer grado para condenar a QBE Seguros S.A. al pago de la indemnización a favor de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). El análisis de la Corte se fundamentó en los siguientes pilares:

 

Inexistencia de dolo y configuración del riesgo amparado (Errores y Omisiones)

​

Al resolver el recurso de casación (tercer cargo), la Corte halló probado que el Tribunal cometió un error de hecho evidente al calificar la conducta del Vicepresidente Jurídico de la CCB como dolosa y deshonesta. La Sala determinó que en el acervo probatorio no existían elementos que demostraran que el funcionario actuara con la conciencia de cometer un acto antijurídico. Por el contrario, concluyó que la inscripción del acta de liquidación de la sociedad Luz de Bogotá S.A. como un acto sin cuantía obedeció a una equivocada interpretación y aplicación de las normas comerciales y tributarias, lo que constituyó una verdadera diferencia de criterios jurídicos. Esta postura razonable fue incluso reconocida en su momento por la propia Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y ratificada como un debate hermenéutico válido por el Consejo de Estado. Al descartarse el dolo, el error operativo quedó plenamente cobijado bajo la póliza de responsabilidad civil errores y omisiones contratada por la actora.

Negativa al reembolso de los gastos de defensa judicial

​

La Corte desestimó la pretensión de la CCB de que se le reembolsaran los millonarios honorarios pagados a sus abogados externos. Explicó que si bien la póliza estipulaba una cobertura para gastos de defensa civil, la cláusula de manejo de los reclamos exigía de manera inmodificable que el asegurado obtuviera el consentimiento previo y por escrito de la aseguradora antes de incurrir en dichas expensas. Al probarse que la CCB contrató su defensa y diseñó su estrategia jurídica de forma aislada, omitiendo consultar el procedimiento con la aseguradora, incumplió lo pactado en el contrato y perdió todo derecho a obtener dicho reembolso.

Cuantificación de la condena y aplicación del deducible

​

Tras confirmarse que el error de la CCB en el registro generó un detrimento patrimonial derivado del impuesto de registro dejado de percibir, obligando a la entidad a pagarle al Departamento de Cundinamarca sumas que superaban los $14.881 millones y $9.669 millones, la Corte determinó que procedía la indemnización de la aseguradora.

 

Sin embargo, la condena impuesta debía ajustarse estrictamente a los límites fijados en la carátula del seguro: un valor asegurado máximo de $10.000.000.000, descontando el deducible de $100.000.000 por cada evento. En consecuencia, la Corte condenó a QBE Seguros S.A. a pagar la suma líquida y concreta de $9.900.000.000.

Improcedencia de los intereses moratorios retroactivos

​

Frente a la reclamación del pago de intereses de mora, la Corte estableció que no era viable reconocerlos desde la fecha en que se efectuaron los reclamos iniciales o previos. Dado que la existencia del error en la liquidación del impuesto, la pérdida en sí misma y sus alcances patrimoniales fueron objeto de un largo debate ante la jurisdicción contencioso administrativa y la propia jurisdicción civil, la prestación a cargo de la aseguradora no estuvo plenamente determinada sino hasta la intervención jurisdiccional. Por ende, al no ser una obligación exigible de antemano, los intereses moratorios sólo empezarían a causarse a partir de la ejecutoria de la propia providencia dictada por la Corte Suprema de Justicia.

Desestimación de las excepciones de la aseguradora

​

Finalmente, la Corte declaró infundadas las restantes excepciones esgrimidas por QBE Seguros S.A. en su defensa, precisando que:

​

No operaba la exclusión sobre administradores y directores, ya que frente a la acción popular no derivó un perjuicio demostrable y la póliza los incluía expresamente como asegurados.

No era aplicable el sublímite por responsabilidad fiscal, toda vez que la pérdida no provino de un juicio de responsabilidad por dolo o culpa en la gestión de dineros públicos, sino de una controversia derivada de un error en un acto encomendado a las cámaras de comercio.

​

No operó el fenómeno de la prescripción ordinaria de la acción, en el entendido de que la radicación oportuna de la demanda civil original interrumpió el término legal con la debida eficacia retroactiva.