1. Los requisitos del artículo 1077 del Código de Comercio

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Este artículo es una verdadera trama mortal para los asegurados. Luce extremadamente sencillo, pero tiene una complejidad técnica enorme que es frecuentemente capitalizada por las aseguradoras. El artículo señala que: 

 

ARTÍCULO 1077. CARGA DE LA PRUEBA. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso.

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El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.

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En el caso de los seguros paramétricos o por índice, la ocurrencia del siniestro y su cuantía quedarán demostrados con la realización del índice o los índices, de acuerdo con el modelo utilizado en el diseño del seguro y definido en el respectivo contrato.

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(Inciso 3, Adicionado por el Art. 243 de la Ley 2294 de 2023, Plan Nacional de Desarrollo).

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El verbo que usa la norma es demostrar. Pero demostrar, para el Derecho, es una palabra gigante que corresponde a toda una especialidad llamada Derecho probatorio, y su ignorancia no es excusa. Así que el artículo lo que realmente dice es que corresponderá al asegurado demostrar, según el Derecho probatorio colombiano, la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida.

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Por su parte, como si fuera poco, las aseguradoras suman a esta complejidad natural otra francamente ilícita. El numeral 3 del artículo 1053 del Código de Comercio fue modificado para derogar dos expresiones, una beneficiosa a la aseguradora y otra al asegurado, pero la beneficiosa al asegurado constantemente es ignorada:

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3) Transcurrido un mes contado a partir del día en el cual el asegurado o el beneficiario o quien los represente, entregue al asegurador la reclamación aparejada de los comprobantes que, según las condiciones de la correspondiente póliza, sean indispensables para acreditar los requisitos del artículo 1077, sin que dicha reclamación sea objetada de manera seria y fundada. Si la reclamación no hubiere sido objetada, el demandante deberá manifestar tal circunstancia en la demanda.

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Los apartes subrayados fueron derogados por el Código General del Proceso. Por la parte beneficiosa a la aseguradora, la derogatoria parece sugerir que a las aseguradoras les basta con objetar, así no sea de manera seria y fundada, para inhibir el mérito ejecutivo de la póliza. Por la parte beneficiosa para el asegurado, la norma señala que las aseguradoras no pueden imponer contractualmente, requisitos diferentes a los señalados en el artículo 1077 para considerar correctamente hecha una reclamación.

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Esto último es aprovechado por las aseguradoras para dilatar el pago, con la esperanza de que se consolide la prescripción del seguro, que es muy corta, lo cual lo logran en un número muy significativo de casos.

 

Por ejemplo, en el clausulado del contrato se impone el deber de transferir la propiedad del vehículo robado, y a pesar de que los clientes le demuestran el siniestro y la cuantía a la aseguradora, la aseguradora se niega a pagar hasta tanto el vehículo no sea transferido a su propiedad. Así, no es que sea ilegal que la aseguradora exija esa transferencia de propiedad, es perfectamente legal y sensato que así sea para que al asegurado no le indemnicen más allá de su daño, porque el carro pudiera aparecer y el asegurado se quedaría con el vehículo y con el dinero de la indemnización. Lo que es ilegal, abiertamente ilícito, es que la aseguradora exija ese requisito para pagar lo que le corresponde. Con la prueba del siniestro y la cuantía ya está hecha la reclamación correctamente, pero la aseguradora exige ese requisito a pesar de que la ley se lo prohíbe expresamente. La aseguradora puede y debe exigir ese traspaso por otros medios, no a través de imponer requisitos ilegales a la reclamación.

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Decisión de la Corte Suprema de Justicia

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Como se dijo, la Corte tuvo por probado el siniestro pero no la cuantía de muchos daños, y por eso la condena a la indemnización no fue por todo lo que pretendía el consumidor de seguros.

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Regla sobre la causación de intereses moratorios (Mora de la Aseguradora): Este es uno de los aportes dogmáticos más importantes del fallo. La demandante exigía que se le pagaran intereses moratorios desde que hizo el reclamo extrajudicial en 2016.

 

La Corte determinó que, según el artículo 1080 del Código de Comercio, para que la aseguradora incurra en mora es imperativo que el asegurado haya acreditado cabalmente la cuantía de la pérdida desde su reclamación. En este caso, la reclamación extrajudicial de Inversiones Techcolombia S.A.S. fue deficiente y la certeza del monto adeudado solo se logró establecer en la última fase del juicio gracias a las pruebas ordenadas de oficio por la propia Corte. Como la aseguradora no obró con retardo culpable frente a una suma que era incierta, la obligación se hizo líquida apenas en esta sede. Por ello, se definió que los intereses moratorios únicamente empezarán a correr a partir de la ejecutoria de esta misma sentencia sustitutiva

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Esta cuestión, no obstante, deja serias dudas. La Corte y los jueces, francamente, en esto han decidido legislar. No atienden ni al 1080 del C.Co. ni al artículo 94 del Código General del Proceso, ni al 1608 del Código Civil.

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En este caso, evidentemente, no se configura el supuesto del artículo 1080 por la deficiencia en la reclamación, no obstante, se demandó y se logró probar, así sea parcialmente, los perjuicios, y según el 1608 del Código Civil, el deudor entra en mora con la reclamación judicial, lo que complementado con el 94 CGP, indica que esto sucede, concretamente, desde la notificación del auto admisorio. 

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La Corte asume que la deuda se constituyó con la sentencia, pero olvida que esto es un proceso declarativo, que meramente declara algo que ya existe, como la existencia de la deuda. Pero, en definitiva, lo que no puede aceptarse es que desatiendan tan abiertamente legislación tan clara al respecto.

La Decisión final

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Concretamente, entonces, la Corte revocó en su integridad el fallo de primera instancia y declaró probada la existencia del contrato, del siniestro y de los daños, de manera parcial. En consecuencia, condenó a Seguros Comerciales Bolívar S.A. a pagar la suma de $153.467.324 a favor de Inversiones Techcolombia S.A.S., dentro del término de ejecutoria del fallo. Asimismo, la condenó a pagar los intereses bancarios corrientes aumentados en su mitad, liquidados exclusivamente desde la firmeza de esta providencia judicial hasta el día de su pago efectivo, y le impuso condena en costas procesales.