Reglas establecidas por la sentencia

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De nuevo, es determinante la condición de sujeto de especial protección constitucional.

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Como en la sentencia T-316-2015, el hecho de que el asegurado o beneficiario sea un sujeto de especial protección constitucional, en este caso por el padecimiento de enfermedades graves, allana el camino para la prosperidad de la tutela. De esta manera, es claro que es muy excepcional llevar a tutela asuntos de seguros que no se relacionen con situaciones como estas. Por esta razón, por ejemplo, se excepcionó el requisito de subsidiariedad, que exige que primero se acuda a la jurisdicción ordinaria. En esta sentencia, además, se subraya la situación de sujeción o dependencia que tiene el asegurado respecto de la aseguradora: prácticamente toda su vida y tranquilidad dependen de la aseguradora en las circunstancias en que se encuentra el asegurado.

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De nuevo, el Derecho del consumo

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Como sucedió en las sentencias SC2879-2022, SC495-2023, SC4126-2021, el Derecho del consumo es determinante. Se protege al consumidor de seguros, pero con una claridad ineludible: el Derecho del consumo se preocupa por la asimetría ante entes poderosos, como una aseguradora en frente de un cliente normal o terrenal, no por la inexistente asimetría entre aseguradoras y empresas voluminosas, donde las protecciones del consumo se hacen más distantes. Así que el Derecho del consumo normalmente es dispensado en donde corresponde, como en este caso en el cual el asegurado es una persona del común que es protegida ante un ente de facto poderoso.

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Diferencia entre preexistencia y reticencia

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La Corte señala que una cosa es que exista la preexistencia de una enfermedad y otra que se haya ocultado con dolo, es decir, que haya reticencia. En otras palabras, la prueba de una enfermedad previa al seguro no consolida, por sí sola, una reticencia que lleve a la nulidad del contrato.

 

Esto hace recordar la tesis doctrinaria que se pregunta si alguien que desconoce puede cometer reticencia, y parece natural pensar que solo se puede ser reticente conociendo la condición y ocultándola deliberadamente.

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Por lo tanto, la carga de la prueba para la aseguradora es doble: primero, tiene que probar la preexistencia, es decir, la condición de salud negativa previa al contrato de seguro, y después debe probar la reticencia, es decir, el ocultamiento doloso por parte del asegurado para que se pueda llegar a la nulidad relativa del contrato.

 

La buena fe mutua

 

Un principio que ya es habitual tanto en la Corte Constitucional como en la Corte Suprema de Justicia, es que en el seguro de vida se exige, jurisprudencialmente, que la buena fe sea aplicada tanto por el asegurado como por la aseguradora. Eso quiere decir que tanto el asegurado tiene el deber de informar como la aseguradora tiene el deber de investigar el estado del riesgo, especialmente solicitando historias clínicas.

 

Nexo causal entre la reticencia y el siniestro

 

Se refrenda el principio jurisprudencial de que la reticencia debe ser relevante. Si se dejó de informar sobre una enfermedad con dolo, es decir, reticentemente, pero la enfermedad es irrelevante porque el siniestro se produjo por un accidente de tránsito, según la Corte, no habría nulidad relativa.

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Esto subvierte el concepto mismo de nulidad, que se evalúa con el foco puesto en el momento de la celebración del contrato, porque se está hablando de un vicio de la voluntad. Es decir, la información sobre el estado del riesgo es relevante al momento de contratar, no después, porque en ese momento la aseguradora evalúa si asegura, o no, y en qué condiciones, como sucede en todos los demás contratos. Esta regla, a todas luces, es salirse de la ortodoxia del concepto de nulidad y vicios de la voluntad.

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No obstante, es evidente que el peso del Derecho del consumo lleva a este tipo de morigeración de las reglas clásicas, lo cual es relativamente normal.

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Decisión de la Corte Constitucional

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Procedencia de la acción de tutela frente al sector asegurador

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La Corte Constitucional evaluó, como paso preliminar, el cumplimiento de los requisitos procesales para admitir la tutela frente a un particular (Colmena Seguros S.A.).

Legitimación por pasiva (Indefensión). Aunque la actividad aseguradora no es un servicio público en estricto sentido ni afecta el interés colectivo, la tutela sí procede debido al estado de subordinación o indefensión del usuario. En la relación contractual aseguraticia existe un evidente desequilibrio, pues las aseguradoras detentan una posición dominante en el mercado, imponiendo unilateralmente las primas, deducibles y exclusiones mediante contratos de adhesión.

Inmediatez. Se halló razonable que hubieran transcurrido un poco más de siete meses entre la última respuesta negativa de la aseguradora y la interposición de la acción constitucional.

Subsidiariedad. Aunque los conflictos sobre el pago de pólizas y controversias económicas deben tramitarse normalmente ante los jueces civiles ordinarios, la Corte aplicó una excepción basada en la vulnerabilidad extrema del actor. Obligar a un sujeto de especial protección constitucional —calificado con una pérdida de capacidad laboral del 51%, sin pensión ni recursos— a agotar un prolongado y costoso proceso ordinario, vulneraba de forma inminente sus derechos. Además, existía un proceso ejecutivo hipotecario que tenía su vivienda bajo orden de embargo y eventual remate, amenazando gravemente su derecho a la vivienda digna y su mínimo vital.

Asimetría contractual y el principio "pro consumatore"

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El fallo estableció que la interpretación de los contratos de seguro en estas condiciones debe guiarse por el principio pro consumatore, el cual ampara a los usuarios ante vacíos o condiciones perjudiciales. El ordenamiento jurídico prohíbe taxativamente la inclusión de cláusulas abusivas que restrinjan los derechos de los tomadores. Esta protección se acentúa cuando se trata de personas en estado de debilidad manifiesta, impidiendo que la posición de dominio de la aseguradora dicte exigencias desproporcionadas y vulnere derechos fundamentales de los consumidores.

Diferenciación técnica entre preexistencias y reticencia

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La providencia trazó límites y cargas probatorias estrictas frente a la declaración del estado de riesgo en los contratos de vida y salud:

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Configuración de la mala fe. Para la Corte, una preexistencia es simplemente el padecimiento objetivo de una afección antes de suscribir el contrato. La reticencia, en cambio, exige un elemento subjetivo: la mala fe probada del asegurado al ocultar deliberadamente una condición médica grave con la intención de alterar los costos de la prima o lograr que el riesgo se asumiera mediante el engaño.

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Buena fe contractual, un asunto de doble vía

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El deber de investigación activa. Si bien el tomador tiene la carga precontractual de informar sinceramente las dolencias que conozca, la compañía aseguradora tiene un deber investigativo primordial. Está obligada a evaluar el estado real de salud del usuario, ya sea solicitando su historia clínica o exigiendo exámenes médicos recientes preventivos antes de emitir la póliza. Si omite esta labor preventiva, mal puede luego excusarse de pagar valiéndose de ambigüedades o vacíos contractuales.

 

La prueba del nexo causal.

Las compañías de seguros no pueden evadir su responsabilidad alegando cualquier preexistencia. Se les impone la estricta carga jurídica de demostrar un nexo de causalidad certero entre esa enfermedad preexistente supuestamente no declarada y el evento médico o siniestro que terminó generando la reclamación.

Evaluación del caso concreto y fallo definitivo

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Al aterrizar este marco doctrinal al caso del ciudadano Luis Fernando López, la Corte encontró un proceder negligente y arbitrario por parte de la aseguradora.

Colmena Seguros negó el pago de la obligación bajo la excusa de que el afectado no declaró padecer epilepsia desde los doce años e hipertensión arterial al momento de llenar los formularios.

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La Sala observó que la aseguradora jamás practicó ni exigió exámenes de ingreso. Sus labores de investigación sobre la historia clínica se hicieron a posteriori, solo cuando el usuario reclamó el pago de la póliza tras declararse su invalidez, utilizando el diagnóstico tardíamente para excusarse de pagar.

La invalidez del accionante tuvo su causa directa en un accidente cerebrovascular, cuya ocurrencia no fue demostrada por la compañía como un resultado derivado ineludiblemente de la epilepsia o hipertensión arterial aducidas.

Al no haber probado el dolo o la mala fe del ciudadano ni el nexo causal con la invalidez, la Corte determinó que la objeción carecía de sustento legal.

En conclusión, la negativa de Colmena Seguros vulneró flagrantemente el derecho al debido proceso del afectado y puso en riesgo su vivienda y subsistencia. Por consiguiente, la Corte Constitucional revocó las sentencias de los jueces ordinarios, amparó los derechos fundamentales al mínimo vital y el debido proceso del ciudadano de manera definitiva y ordenó a la aseguradora hacer efectivo el pago de la póliza para cubrir la deuda, ordenando paralelamente frenar cualquier proceso de cobro hipotecario o remate contra el inmueble.